MARCO LEGAL

 

Constitución Política del Perú:

En la Constitución Política, promulgada en el año 1993, se establece que todas las personas tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. También establece que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

 

Ley Nº 28245 Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental:

La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en su Título II: Gestión ambiental, Artículo 4.- De la Gestión Ambiental, numeral 4.1, establece que las funciones  ambientales  a  cargo  de  las  entidades  señaladas  en  su  artículo  2  se ejercen en forma coordinada, descentralizada y desconcentrada, con sujeción a la Política Nacional Ambiental, el Plan y la Agenda Nacional de Acción Ambiental y a las normas, instrumentos y mandatos de carácter transectorial, que son de observancia obligatoria en los distintos ámbitos y niveles de gobierno. Del mismo modo, en su artículo 5.- De los Principios de la Gestión Ambiental, establece que la gestión ambiental en el país, se rige por los principios de obligatoriedad en el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental, el Plan y la Agenda Nacional de Acción Ambiental y las normas transectoriales que se dicten para alcanzar sus objetivos, entre otros.

 

Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente:

Es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú y establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la  vida, así  como el cumplimiento del  deber  de  contribuir  a  una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.

En su artículo 3) se señala el rol del Estado en materia ambiental y define que es el Estado a través de sus entidades y órganos correspondientes, que diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la presente Ley.
En el artículo 4) referido a la tributación y el ambiente, define que el diseño del marco tributario nacional debe considerar los objetivos de la Política Nacional Ambiental,  promoviendo  particularmente,  conductas  ambientalmente responsables, modalidades de producción y consumo responsable de bienes y servicios, la conservación, aprovechamiento sostenible y recuperación de los recursos naturales, así como el desarrollo y uso de tecnologías apropiadas y de prácticas de producción limpia en general.
En el artículo 67) establece que las autoridades públicas de nivel nacional, sectorial,
regional y local priorizan medidas de saneamiento básico que incluyan, entre otros, la disposición de excretas y los residuos sólidos, en las zonas urbanas y rurales, promoviendo  la  universalidad,  calidad  y  continuidad  de  los  servicios  de saneamiento, así como el establecimiento de tarifas adecuadas y consistentes con el costo de dichos servicios, su administración y mejoramiento.
En el artículo 68) señala que los Planes de acondicionamiento territorial de las Municipalidades deben considerar áreas o zonas para la localización de infraestructura sanitaria, debiendo asegurar que se tomen en cuenta los criterios propios del tiempo de vida útil de esta infraestructura, la disposición de áreas de amortiguamiento para reducir impactos negativos sobre la salud de las personas y la calidad ambiental, su protección frente a desastres naturales, la prevención de riesgos sobre las aguas superficiales y subterráneas y los demás elementos del ambiente.
Complementariamente,  en  el  artículo  119)  se  establece  que  la  gestión  de  los
residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten características similares a aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de gestión y manejo de los residuos sólidos municipales.

 

Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades:

Esta ley establece como finalidad de los gobiernos locales representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Señala que las competencias y funciones específicas y exclusivas de las municipalidades provinciales en saneamiento, salubridad y salud, son: (i)             regular  y  controlar  el  proceso  de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial;  (ii)  regular y  controlar  la emisión de  humos, gases, ruidos  y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

Establece que las funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales son administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de  agua  potable,  alcantarillado  y  desagüe,  limpieza  pública  y  tratamiento  de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio.
Señala que las funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales son: (i) proveer el servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos, relleno sanitario y el aprovechamiento industrial de desperdicios; y, (ii) regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales.
Complementariamente, establece que las funciones específicas compartidas de las
municipalidades distritales son administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.

 

Ley Nº 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública:

Esta ley tiene como finalidad optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. En ese sentido, el presente Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil se ha elaborado teniendo en cuenta los contenidos mínimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversión Pública a través de la mencionada ley y su modificatorias leyes N° 28522 y 28802, su reglamento aprobado a través del Decreto Supremo Nº102-2007-EF y  la  Directiva  General  Resolución Directoral  Nº 009-2009-EF-68.01, entre otros.

 

·    Decreto Supremo N° 102-2007-EF1. Reglamento de la Ley del SNIP.
·    Directiva  N°  009-2009-EF/68.01.  Directiva  General  del  Sistema  Nacional  de
Inversión Pública.
·    Resolución Directoral N° 004-2004-EF/68.01. Incorporación de los Gobiernos
Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública.
·    Resolución Directoral N° 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva Nº 004-
2003-EF/68.01,  Directiva  del  SNIP  para  Gobiernos  Regionales  y  Gobiernos
Locales y la Directiva N° 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP.
·    Decreto Supremo N ° 102-2007-EF. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
·    Directiva  N°  004-2007-EF/68.01  “Directiva  General  del  Sistema  Nacional  de Inversión Pública, con sus respectivos anexos y formatos, aprobada por Resolución  Directoral  Nº  009-2007-EF/68.01,  modificada  en  el  2007  por Resolución  Directoral  N  °  010-2007-EF/68.01,  y  Reciente  modificada  por
Resolución directoral N° 002-2009-EF/68.01 vigente desde 10/02/2009. El proyecto tiene la siguiente clasificación funcional programática:

Tabla 4: Clasificación funcional programática


FUNCIÓN

17 MEDIO AMBIENTE

 

PROGRAMA

055 GESTIÓN      INTEGRAL     DE       LA      CALIDAD
AMBIENTAL.

SUBPROGRAMA

0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

RESPONSABLE FUNCIONAL (SEGÚN ANEXO SNIP 04)

AMBIENTE

 

Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos:

Esta Ley se enmarca en la Política Nacional del Ambiente y establece que la gestión y manejo de los residuos sólidos se rigen por los siguientes lineamientos de política:

·    Desarrollar  acciones  de  educación  y  capacitación  para  una  gestión  de  los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible.
·    Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos a través de la máxima reducción de sus volúmenes de generación y características de peligrosidad.
·    Establecimiento  de  un  sistema  de  responsabilidad compartida  y  de  manejo integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta la disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicamente necesarias para el mejor manejo de los residuos sólidos peligrosos.
·    Adopción de medidas para que la contabilidad de las entidades que generan o manejan residuos sólidos refleje adecuadamente el costo real total de la prevención, control, fiscalización, recuperación y compensación que se derive del manejo de residuos sólidos.
·    Desarrollo y uso de tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y comercialización, que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los residuos sólidos y su manejo adecuado.
·    Fomento del reaprovechamiento de residuos sólidos y adopción de prácticas de tratamiento y disposición final adecuadas.
·    Promoción  del  manejo  selectivo  de  los  residuos  sólidos  y  admisión  de  su manejo  conjunto,  cuando  no  se  generen  riesgos  sanitarios  o  ambientales significativos.
·    Establecimiento de acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos.
·    Promoción de la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos sólidos.
·    Fomento de la formalización de las personas y/o entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos.

·    Armonización de las políticas de ordenamiento territorial y las de gestión de residuos sólidos, con el objeto de favorecer su manejo adecuado, así como la identificación de áreas apropiadas para la localización de instalaciones de tratamiento, transferencia y disposición final.
·    Fomento de la generación, sistematización y difusión de información para la toma de decisiones y el mejoramiento del manejo de los residuos sólidos.
·    Definición de programas, estrategias y acciones transectoriales para la gestión
de residuos sólidos, conjugando las variables económicas, sociales, culturales, técnicas, sanitarias y ambientales.
·    Priorización de la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, bajo criterios empresariales y de sostenibilidad.
·    Aseguramiento  de  que las  tasas o tarifas  que se  cobren  por  prestación de servicios de residuos sólidos se fijen, en función de su costo real, calidad y eficiencia.
·    Establecimiento de acciones destinadas a evitar la contaminación del medio acuático, eliminando el arrojo de residuos sólidos en cuerpos o cursos de agua.

En su modificatoria, D.L.1065, artículo 5) establece las competencias del Ministerio del Ambiente, entre otras, coordinar con las autoridades sectoriales y municipales la debida aplicación de la Ley; aprobar la Política Nacional de Residuos Sólidos; promover la elaboración y aplicación de Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos en las distintas ciudades del País, de conformidad con la Ley; incluir en el Informe Nacional sobre el Estado Nacional del Ambiente el análisis referido a la gestión de los residuos sólidos, así como indicadores de seguimiento respecto de su gestión.

En el artículo 9), asigna a los Gobiernos Regionales el rol de promover la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción; priorizar programas de inversión pública o mixta, para la construcción, puesta en valor o adecuación ambiental y sanitaria de la infraestructura de residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, en coordinación con las municipalidades provinciales correspondientes. Los Gobiernos Regionales debe asumir, en coordinación con la autoridad de salud de su jurisdicción y el Ministerio del Ambiente, o a pedido de cualquiera de dichas autoridades, según corresponda, la prestación de los servicios de residuos sólidos para complementar o suplir la acción de aquellas municipalidades provinciales o distritales que no puedan hacerse cargo de los mismos en forma adecuada o que estén comprendidas en el ámbito de una declaratoria  de  emergencia  sanitaria  o  ambiental.  El  costo  de  los  servicios prestados deberá ser sufragado por la Municipalidad correspondiente.

En el artículo 10), se asigna a las Municipalidades provinciales la responsabilidad de la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades  que  generen  residuos  similares  a  estos,  en  todo  el  ámbito  de  su

jurisdicción, efectuando las coordinaciones con el gobierno regional al que corresponden, para promover la ejecución, revalorización o adecuación de infraestructura para el manejo de los residuos sólidos así como para la erradicación de botaderos que pongan en riesgo la salud de las personas y del ambiente. Las Municipalidades Provinciales están obligadas a:

1.  Planificar  la  gestión  integral  de  los  residuos  sólidos  en  el  ámbito  de  su jurisdicción, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados menores, con las políticas de desarrollo local y regional y con sus respectivos Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

2.  Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos de su jurisdicción.

3. Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanza distritales referidas al manejo de residuos sólidos, incluyendo la cobranza de arbitrios correspondientes.

4. Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos públicos, la recolección y transporte de residuos sólidos en el distrito del Cercado de las ciudades capitales correspondientes.

5.  Aprobar  los  proyectos  de  infraestructura  de  residuos  sólidos  del  ámbito  de gestión municipal.

6.  Autorizar el funcionamiento de infraestructura de residuos sólidos del ámbito de gestión municipal y no municipal, con excepción de lo previsto en la ley.

7. Asumir, en coordinación con la autoridad de salud de su jurisdicción y el Ministerio del Ambiente, o a pedido de cualquiera de dichas autoridades, según corresponda, la prestación de los servicios de residuos sólidos para complementar o suplir la acción de aquellos distritos que hayan sido declarados en emergencia sanitaria o que no puedan hacerse cargo de los mismos en forma adecuada. El costo de los servicios prestados deberá ser sufragado por la municipalidad distrital correspondiente.

8. Adoptar medidas conducentes a promover la constitución de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos indicadas en el Artículo 27 de la presente Ley, así como incentivar y priorizar la prestación privada de dichos servicios.

9.  Promover   y   garantizar   servicios   de   residuos   sólidos   administrados   bajo principios, criterios y contabilidad de costos de carácter empresarial.

10.Suscribir contratos de prestación de servicios de residuos sólidos con las empresas registradas en el Ministerio de Salud.

11.Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, en concordancia  con  lo  establecido  en  la  Ley  Nº  28256,  Ley  que  regula  el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, con excepción del que se realiza en las vías nacionales y regionales.

12.Implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y la recolección selectiva de los residuos en todo el ámbito de su jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento y asegurando su disposición final diferenciada y técnicamente adecuada.

Complementariamente, señala que las Municipalidades distritales y las provinciales, en   lo   que   concierne   a   los   distritos   del   Cercado   (ciudades   capitales),   son responsables por la prestación de los servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos municipales y de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidos directamente a infraestructuras de residuos autorizadas por la Municipalidad Provincial, estando obligados los municipios distritales al pago de los derechos correspondientes. Complementariamente, las municipalidades deben ejecutar programas para la progresiva formalización de las personas, operadores y demás entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las autorizaciones correspondientes.

Sobre la construcción de la infraestructura, en el artículo 32 de la Ley, se señala que: “Los proyectos de infraestructura de tratamiento, transferencia y relleno sanitario  de  residuos  sólidos  deben  ser  aprobados  por  la  Comisión  Técnica Municipal de Calificación de Proyectos de la Municipalidad Provincial correspondiente, o la instancia que cumpla las funciones de ésta, con la debida presentación del EIA respectivo, previamente aprobado por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y la opinión técnica favorable del proyecto, emitida por este organismo y por la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción” y que “La construcción y operación de infraestructura para el manejo de residuos sólidos industriales al interior de las concesiones de extracción o aprovechamiento de recursos naturales serán autorizadas por las autoridades sectoriales competentes, informando lo actuado a la DIGESA”.

De los derechos, se señala en el artículo 40, que son derechos frente al manejo de residuos sólidos los siguientes: i) Acceder a servicios de residuos sólidos estructurados; ii) acceder a la información pública sobre residuos sólidos; iii) la protección de su salud y entorno ambiental a los riesgos o daños que se puedan producir durante todas las operaciones de manejo de residuos sólidos, incluyendo


los ámbitos de la gestión no municipal.; y iv) participar en el proceso de aprobación de los planes, programas y proyectos de manejo de residuos sólidos del ámbito provincial.

De las obligaciones, se señala en el artículo 41, que son obligaciones frente al manejo de los residuos sólidos los siguientes: i) Pagar oportunamente por los servicios de residuos sólidos recibidos y por las multas y demás cargas impuestas por la comisión de infracciones a la presente Ley; ii) Cumplir con las disposiciones específicas, normas y recomendaciones técnicas difundidas por... las autoridades competentes;  iii)  Almacenar  los  residuos  sólidos  con  sujeción  a  las  normas sanitarias y ambientales, para evitar daños a terceros y facilitar su recolección; y iv) Poner en conocimiento de las autoridades competentes las infracciones que se estimen se hubieran cometido contra la normatividad de residuos sólidos.

Sobre las tasas intangibles, en el artículo 46 se indica que “los montos recaudados por los municipios por concepto del manejo de residuos sólidos deben ser depositados en una cuenta especial intangible que sólo podrá ser utilizada para la gestión municipal de residuos sólidos.”

Finalmente sobre las competencias para sancionar, en el artículo 49 se expresa que “son competentes para imponer sanciones: las municipalidades distritales, por las infracciones cometidas en las operaciones, instalaciones y procesos de manejo de residuos sólidos,…”

 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S. 057-2004-PCM)

Precisa y amplía la Ley en los siguientes aspectos relacionados a la formulación y ejecución del proyecto.

·   “Artículo 4.- Autoridades competentes
La gestión y manejo de los residuos corresponde a las municipalidades distritales y provinciales, de conformidad a sus respectivas competencias establecidas por Ley”.

·   “Artículo 8.- Autoridades municipales
La municipalidad distrital es responsable por la gestión y manejo de los residuos de origen domiciliario, comercial y de aquellos similares a éstos originados por otras actividades. Corresponde a estas municipalidades, lo siguiente:

En el ámbito provincial; establecer criterios para la fijación de tasas o tarifas que se cobren  por  la  prestación  de  los  servicios  de  limpieza  pública,  recolección, transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos sólidos en los distritos de su jurisdicción, asegurando asimismo su efectiva aplicación. Dichos criterios deben considerar los costos reales de los servicios, y garantizar su calidad y eficiencia.

En el ámbito distrital;

i  Asegurar  una  adecuada  prestación  del  servicio  de  limpieza,  recolección  y transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada disposición final de los mismos. ...;
ii Asegurar que se cobren tarifas o tasas por la prestación de servicios de limpieza pública, recolección, transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos, de acuerdo a los criterios que la municipalidad provincial establezca, bajo responsabilidad;
iii Determinar las áreas de disposición final de residuos sólidos en el marco de las normas que regulan la zonificación y el uso del espacio físico y del suelo en el ámbito provincial que le corresponda;
iv Supervisar en su jurisdicción los aspectos técnicos del manejo de residuos indicados en los literales a) y b), excluyendo las infraestructuras de residuos; v Sancionar al generador del ámbito de su competencia por el incumplimiento de la Ley, el Reglamento y las normas que se emitan al amparo de ésta”.

·   “Artículo 22.- Ámbito de responsabilidad municipal:
Los  residuos  sólidos  de ámbito municipal son de  responsabilidad del municipio desde el momento en que el generador los entrega a los operarios de la entidad responsable de la prestación del servicio de residuos sólidos, o cuando los dispone en el lugar establecido por dicha entidad para su recolección; debiendo en ambos casos cumplirse estrictamente las normas municipales que regulen dicho recojo...”

 

 Ley Nº 29419: Ley que regula la actividad de los recicladores:

El objeto de la Ley es establecer el marco normativo para la regulación de las actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país, en el marco de los objetivos y principios de la Ley N° 27314,  Ley  General  de  Residuos  Sólidos,  y  la  Ley  N°  28611,  Ley  General  del Ambiente.

En el artículo 5) inciso 5.1 se establece que la actividad de los recicladores es regulada por los Gobiernos locales como entes rectores, en el marco de sus atribuciones.   El   régimen  de  regulación  local   se  orienta  a  incorporar  a  los recicladores como parte del sistema local de gestión de residuos sólidos. Los gobiernos locales establecen normas de promoción de la actividad que realizan los recicladores de residuos sólidos no peligrosos en coordinación con las asociaciones de recicladores registrados en su jurisdicción.

En el inciso 5.2 se establece que los programas y proyectos de gestión y manejo de residuos sólidos implementados por los gobiernos locales deben incluir la actividad de los recicladores.

En el inciso 5.3 se señala que los gobiernos locales deben mantener un registro de inscripción de las asociaciones de recicladores, cuyos miembros operen en su jurisdicción para el otorgamiento de la autorización y certificación correspondiente, la cual además debe servir para el acceso de los beneficios que se establezcan en su favor.

Complementariamente, en el inciso 5.4 se establece que los recicladores formalizados a través del registro en los gobiernos locales tienen derecho a ejercer su actividad dentro del marco establecido por la presente Ley y su reglamento, la legislación de residuos sólidos y las normas municipales.

En el artículo 6) se establece que los gobiernos regionales y locales, en el marco de sus atribuciones legales, promueven la formación de asociaciones de recicladores y de pequeñas y microempresas Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) y Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS), especializadas en la recolección para el reciclaje y la comercialización de residuos sólidos; asimismo, emiten las disposiciones que faciliten la incorporación de recicladores independientes dentro de las existentes.

Según el artículo 7), los gobiernos locales implementan programas de incentivos a la segregación en la fuente, los cuales pueden incluir compensación a los contribuyentes a través de la reducción del pago de tarifas o la entrega de bienes o servicios a menos costo o de forma gratuita, o como parte de programas de certificación ambiental de empresas o instituciones en general.

Por otro lado, en el artículo 8) se señala que los gobiernos locales promueven la implementación de plantas de tratamiento dentro de los rellenos sanitarios en donde los recicladores organizados puedan segregar los residuos reutilizables para su comercialización.

Además, en el artículo 9) se señala que el Ministerio del Ambiente y los gobiernos locales, en coordinación con los Ministerios de Educación y de Salud, los gobiernos regionales, las universidades, las instituciones educativas especializadas y las organizaciones no gubernamentales, promueven el desarrollo de programas de capacitación a los recicladores.

 

Reglamento de la Ley Nº 29419: Ley que regula la actividad de los recicladores(D.S. 005-2010-MINAM)

Regula lo establecido en la Ley siguientes aspectos relacionados a la formulación y ejecución del PIP.

En el artículo 5) del Reglamento se establecen las responsabilidades del Ministerio del Ambiente, entre ellas:

·   Promover  la  gestión  integral  de  los  residuos  sólidos  con  impulso  de  la formalización de los recicladores.
·   Sistematizar   la   información   sobre   la   implementación   del   Programa   de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, remitida por las municipalidades, el cual será difundido a través del Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIA.
·   Promover  la  educación  ambiental  y  la  participación  de  la  población  en coordinación con las Municipalidades.

El artículo 6) establece las responsabilidades del Ministerio de Salud, a través de sus órganos desconcentrados y descentralizados:
·   Implementar, en coordinación con las municipalidades distritales y provinciales en  el  ámbito  de  su  jurisdicción,  la  realización  de  programas  de  vacunación contra el Tétanos y la Hepatitis B, dirigidas a los recicladores de organizaciones de recicladores con personería jurídica.
·   Desarrollar acciones de vigilancia sanitaria del manejo selectivo de los residuos sólidos, incidiendo en la salud ocupacional de los recicladores formalizados.

El artículo 7) establece las responsabilidades de los Gobiernos Locales:
·   Elaborar  e  implementar  el  Programa  de  Formalización  de  Recicladores  y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en el ámbito de su jurisdicción.
·   Incorporar  en  el  Plan  Integral  de  Gestión  Ambiental  de  Residuos  Sólidos (PIGARS) o en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, según corresponda, el Estudio Situacional de Reciclaje del ámbito de su jurisdicción; el Plan Técnico Operativo para la recolección selectiva del ámbito de su jurisdicción; y el Programa de Educación y Comunicación Pública.
·   Incorporar un reporte sobre la implementación del Programa de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos a su cargo, como parte de los informes anuales sobre el manejo de los residuos sólidos. Este reporte deberá ser remitido al Ministerio del Ambiente dentro del primer trimestre de cada año que se inicia y elaborado de conformidad al Formato que se consigna en el Anexo N° 1 del Reglamento.
·   Coordinar con los órganos desconcentrados y descentralizados del Ministerio de Salud, la realización de programas de vacunación contra el Tétanos y Hepatitis B, dirigidas a los recicladores de organizaciones de recicladores con personería jurídica.
·   Implementar programas de incentivos para la promoción de la segregación de los residuos sólidos en la fuente.
·   Fiscalizar  las  actividades  de  segregación  y  recolección  selectiva  de  residuos sólidos y formalización de recicladores.

·  Sistematizar los registros que utilizan las organizaciones de recicladores con personería jurídica, referente a las cantidades de residuos sólidos que son reciclados.
·   Conducir   el   Registro   de   las   Organizaciones   de   Recicladores   Autorizados legalmente establecidas e inscritas en los Registros Públicos.

·          El  artículo  24,  Promoción  de  la  formalización  de  organizaciones  de recicladores con personería jurídica establece que las Municipalidades Distritales y Provinciales según corresponda, promueven la formalización de organizaciones de recicladores  con  personería  jurídica,  quienes  deben  cumplir  con  los  aspectos técnicos establecidos en el Reglamento, y que deben incorporarse al Programa de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos a cargo de la Municipalidad.

Complementariamente, el artículo 25, Objetivo del Programa de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos señala que el Programa de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos a cargo de las Municipalidades, tiene como objetivo general lograr el desarrollo de un modelo integrado para el reaprovechamiento de los residuos sólidos como base de la cadena productiva del reciclaje, generando inclusión socio económica de los recicladores a través de puestos de trabajo dignos, y concientizando a la población de la importancia de la actividad del reciclaje en relación a la disminución de la contaminación ambiental.

 

Ley Nº 26842 , Ley General de Salud:
En  la  mencionada  ley  se  reconoce  la  responsabilidad  del  Estado  frente  a  la protección de la salud ambiental. En su artículo 96 del capítulo IV, se menciona que en la disposición de sustancias y productos peligrosos deben tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana o al ambiente. Asimismo, los artículos 99, 104 y 107 del capítulo VIII tratan sobre los desechos y la responsabilidad de las personas naturales o jurídicas de no efectuar descargas de residuos o sustancias contaminantes al agua, el aire o al suelo.

 

 

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